Supresión de juntas vecinales

El nuevo organigrama de la Administración  para la ordenación del territorio, recae en la necesidad  de prestar los servicios básicos, las entidades locales y la capacidad económica con la que cuentan.

La tan remanida duplicidad de competencias, pasa porque la Administración, tiene que hacerse cargo de los municipios que no cuenten con los recursos suficientes para asegurar la calidad de vida, y además los objetivos de déficit y racionalidad que se les exige a los municipios.

Dicho esto creo que queda claro, que si un ayuntamiento no tiene capacidad recaudatoria, por los motivos que sean, y no puede cumplir sus obligaciones, ¿cuál es la explicación de permanencia de su funcionamiento?  No se puede pretender que desaparezcan todos los municipios de menos de 5.000 habitantes, pero a la larga este tema será crucial por ser inviable, si no se busca otra solución que no sea sólo el cubrir las necesidades básicas.

Hay acuerdo firmados además en el Consejo de Europa, que ya hablaban de los objetivos y características.

“El hombre y su bienestar, su interacción con el medio ambiente y una calidad de vida que aseguren el desarrollo de su personalidad en un entorno organizado a escala humana”

“Dentro de los objetivos de la ordenación del territorio está el manifestar la voluntad de integración y de coordinación de carácter interdisciplinario y de cooperación entre las autoridades afectadas”.

“Toda la política de ordenación del territorio cualquiera que sea su nivel,(local, regional, nacional o europeo)  debe basarse en una participación activa del ciudadano”

Y por último y a modo de concreción, los objetivos particulares sobre:

1)      Las regiones rurales, “crear condiciones de vida equivalentes entre ciudad y campo tanto a nivel  económico, social, cultural y ecológico como en materia de infraestructura y equipamientos” y ”distinguir las regiones rurales subdesarrolladas y periféricas de las que se encuentran en las proximidades  de las grandes concentraciones urbanas.”

2)      Las regiones urbanas “planes de ocupación del suelo,” “orientación de desarrollo de las actividades económicas en beneficio de las condiciones de vida de los habitantes”.

3)      Las regiones fronterizas “política de coordinación entre los estados”(en nuestro caso autonomías) “facilitar los contactos directos entre las regiones y las colectividades locales afectadas” “con el fin de promover contactos cada vez más estrechos entre las poblaciones afectadas”

4)      Las regiones de montaña “dada la importancia de las funciones que cumplen, a nivel ecológico, económico, social, cultural, agrícola y como reserva de recursos naturales,” “se debe reservar un lugar específico y adecuado a la conservación y desarrollo de estas regiones”

5)      Las regiones que presentan debilidades estructurales “y cuyas  condiciones de vida y de trabajo han progresado poco”

6)      Las regiones costeras y las islas.

De todas estas  políticas que debieran tomarse, la 4 y 5 son las que afectarían a León en mayor medida.

Ahora bien las decisiones tomadas por las autoridades competentes, ya sea gobierno central, Junta de Castilla y León, o Diputación comenzaron a plantearse  por el camino de la asociación voluntaria de municipios. “Los grupos de trabajo formados por políticos, alcaldes, concejales, agentes sociales, agrarios y cargos de la junta, deben definir una carta de competencias y servicios que desarrollarán los distritos, los municipios menores de 20.000 habitantes  y las diputaciones”

Avanzando en las reuniones de las mesas de Ordenación del Territorio, se establecieron que los distritos de la Nueva Ordenación, serán los encargados de las necesidades de nuevas inversiones en: camiones de basura, contenedores plásticos y soterrados, en complejos deportivos, estadios y piscinas cubiertas, bibliotecas, edificios multifuncionales, centros cívicos y centros de cultura, oficinas de turismo y sus equipamientos, tanto como su mantenimiento, obras o arreglos.

Estas decisiones de gastos – inversión, dejan claro que los municipios de 20.000 habitantes, tendrán que ajustar su economía o replantearse una restructuración administrativa, pero a su vez los de menos habitantes, que contaran con alguno de estos servicios, sin duda, tendrán que encontrar soluciones urgentes, que quizá no solo pasen por la administración sino por los entes locales, y las mancomunidades.

La Consejería de la Presidencia remitió a cada uno de los 2248 municipios de Castilla y León las funciones y servicios que podrán desarrollar y que deberán tomar decisiones, enviando las modificaciones,  quejas o sugerencias,  que podrían modificar alguna de las líneas de análisis de la Mesa de Ordenación Territorial.

Todas estas reuniones, comunicaciones y elaboraciones de borradores, son el prólogo del proyecto de ley  de Ordenación, Gobierno y Servicios Sociales que se pretende remitir a Las Cortes de Castilla y León en otoño.

Otro de los temas analizados en las funciones de los distritos son los centros de educación  infantil, los centros infantiles de ocio o ludotecas, en municipios de menos de 5000 habitantes.

Estas actividades que involucran tanto la educación, como las residencias de mayores, los CRA (Centros Rurales Agrupados) y los consultorios médicos locales, entre otras  prestaciones,son de vital importancia para el mantenimiento de la población.

Estas competencias se encuentran inmersas en una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, planteada por la Administración, y tendrá que ajustarse a la realidad económica.

Se incrementarán las competencias de las diputaciones provinciales en municipios que cuenten con 1000 a 5000 habitantes, las gestiones que se originarán están dirigidas a carreteras, parque móvil, centros de tratamientos de residuos, etc.

Toda esta reforma (que en realidad no se explica en cifras) hace evidente unas instituciones históricas, milenarias y democráticas, que se sostienen con sus propios recursos, 3725 juntas vecinales,  adscritas a otros tantos pueblos, y de las cuales el 60% pertenecen a la provincia de León.

Como bien lo resume Laureano M. Rubio Pérez,(catedrático Univ. De León) el  50% de la tierra de la provincia leonesa, está bajo el dominio y titularidad de sus pueblos y Junta vecinales.

Ellos son los que han llevado a los pueblos el agua corriente, el empedrado de sus calles, la defensa del monte, los recursos para sus fiestas, y no pocas asistencias sociales.

Este tema es hoy uno de los más preocupantes para toda la sociedad, y sobre todo para aquellos que defienden las actuaciones que han perdurado en el tiempo, con la conservación del patrimonio, los recursos naturales,  y, como la propia Elionor Ostrom (premio nobel de Economía 2009)  sostiene, se ha basado en la autogestión de los pueblos.

Dentro de sus publicaciones, El Tribunal de Aguas,  demuestra que una institución creada espontáneamente por los propios regantes ha sido eficaz, y quizá la extrema regulación de la acción del Estado, sumado a la generación de conflictos, impide la aparición de instituciones organizadas por y para los ciudadanos, en sus necesidades de producción.

De todo este tema tan complejo y del cual estamos conociendo todos los días (de allí la cronología descrita) algunas publicaciones y decisiones tomadas, supresión de mancomunidades juntas vecinales,  y otras que vendrán, hay un criterio decisivo que no se analiza en profundidad dejando todo el protagonismo a la economía, que si bien es prioritaria, no determinará  el sostenimiento de esta estructura rural, cuyo problema es la pérdida de población.

Se manifiesta hoy más que nunca, que la permanencia en los pueblos, en verano, aumenta indirectamente, a cualquier otra estación del año.

Y este es uno de los signos evidentes, en mi opinión, que pueden ser el comienzo del crecimiento de recursos, o al menos de lograr los equilibrios, tan exigidos. Si los “Hijos de los pueblos”  vieran peligrar ese estado de bienestar que se logra en cierta época, y que redunda en tranquilidad, seguridad, calma y disfrute de paisajes, y ocio, todo en una economía de austeridad, que es propio de los pueblos, quizá se podría pensar en algún compromiso más formal que fuera en defensa de su pueblo,  que sino, a corto – mediano plazo, quedará sólo como un recuerdo para contar.

Siempre surgen iniciativas, de cultura y desarrollo, de crear trabajo, de oportunidades arqueológicas, de emprendimientos, que permiten alguna esperanza, pero no termina de hacerse realidad a gran escala.

 

 

 

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